Manuel Mata o cómo ser síndico socialista en Cortes Valencianas y letrado en el ‘Caso Azud’

El síndico socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata sorprendió a propios y extraños cuando comunicó su decisión de ser codefensor del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados entonces por su supuesta relación con el denominado ‘caso Azud’. Para Mata no existía conflicto de intereses entre una y otra responsabilidad, tal como defendió a mediados de 2021.

Se da la circunstancia de que Manuel Mata es también vicesecretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), liderado por el también presidente del Gobierno valenciano Ximo Puig. La presidenta es la actual consejera de Sanidad valenciana Ana Barceló.

En el ‘caso Azud’ se investiga el presunto pago y cobro de supuestas comisiones a cambio de presuntos favores urbanísticos. Y se investiga, también, si de alguna manera pudieran haber resultado supuestamente favorecidos algún o algunos partidos. En el caso que nos ocupa, el propio PSOE valenciano, al que Manuel Mata representa en las Cortes autonómicas en su condición de síndico portavoz. A nivel legal, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra (Compromís) dijo al término de la reunión del Gobierno autonómico en julio del pasado año que la compatibilidad existía y era legal, y dijo también que «Mata es Mata».

En este caso, no le faltaba razón a la vicepresidenta. El síndico socialista, de hecho, ha alternado etapas en su profesión de abogado con otras centradas en la esfera pública. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia es uno de los pocos políticos del que se dice que se maneja a la perfección en inglés y francés.

Es experto en Derecho Penal, pero también es especialista en la defensa de las víctimas de negligencias médicas, lo que le llevó, según publicó en su día el diario La Razón (2013) a defender a las damnificadas por la presuntamente defectuosa fabricación de prótesis mamarias PIP. Un caso en el que también participaron en condición de letrados de los damnificados otros destacados políticos de la izquierda valenciana.

Como abogado, Mata se ha identificado siempre con su profesión. En este sentido, ya desde un primer momento promovió y fundó junto con otros compañeros Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Valencia. También, ha estado vinculado a la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas y al Club de Encuentro Manuel Broseta.

Su vinculación a la esfera pública arranca como asesor especial del Grupo Socialista del Parlamento Europeo y asesor de Presidencia de la Generalitat Valenciana, todo ello, en la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo. También fue concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia. Primero, en el Gobierno (1989-91) y, a continuación, en la Oposición (1991-95) y desde 2015 es diputado socialista en las Cortes Valencianas. En la presente legislatura es síndico del Grupo Socialista.

También, ha ejercido responsabilidades internas. En 2007, el diputado socialista en el Congreso por Valencia Ricard Torres reclamó la celebración de un congreso extraordinario que permitiera a los socialistas afrontar con garantías las elecciones generales previstas para 2008 e impulso un manifiesto para recabar las firmas que hicieran posible la celebración de ese congreso. Fue justo en el momento de la partida del entonces secretario general Joan Ignasi Pla. Uno de los responsables socialistas que habló entonces de la iniciativa tomada por Torres fue Manuel Mata, quien según recogió en esas fechas El País en su condición de portavoz del la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE afirmó que Torres era «la primera voz que se oye» en el partido reclamando un congreso extraordinario en un momento, dijo, de sosiego y tranquilidad.

Joan Ignasi Pla es director de Desarrollo Corporativo de Gesmed, la empresa que, por decisión judicial, se encargaba de la gestión de la residencia de mayores de Moncada. Actualmente, según manifestó Mónica Oltra, en su condición de consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano tras el incendio que asoló esa residencia, la empresa se encontraba en situación denominada de ‘enriquecimiento injusto’, una vez tanto el contrato como la prórroga del mismo habían caducado.

En cuanto a Ricard Torres, también desempeño una importante carrera política. Llegó a ser portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados en aquel 2007. Torres fundó junto a Salvador Sastre la empresa Yuris Legal, según consta en la web de la citada firma de abogados y economistas, con sedes en Madrid y Valencia. Sastre y Mata, por su parte, ya trabajaron de forma conjunta en la acusación de los familiares en otra investigación judicial anterior: la abierta por las muertes de enfermos renales en Valencia en 2001, según informaron distintos medios en su momento.

Mata, según refleja la web Sueldos Públicos, renunció a la exclusividad en las Cortes Valencianas en enero de 2020 para poder ejercer la abogacía, también. En febrero de ese año, según informó La Razón, tenía revisto incorporarse a la defensa de 2 de los imputados en el ‘caso Alquería’, donde se investigaban las presuntas contrataciones supuestamente irregulares en Divalterra. Esa renuncia suponía, en términos económicos, y siempre según la citada web, que Mata dejaba de percibir en torno a los 5.445 euros anuales. Por tanto, tal como dijo Oltra, la compatibilidad existe y es legal. Actualmente, tiene bufete propio: Mata  y Romero Abogados, en Valencia, junto a Carmen Romero, perteneciente ella a una familia de reconocido prestigio en el ámbito de la abogacía valenciana.

Por lo que respecta al mencionado ‘caso Azud’, salpicó en su momento tanto al que fuera subdelegado del Gobierno Rafael Rubio como al que fuera responsable de las finanzas del PSPV José Cataluña y al ex concejal popular del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau. Pese a todo ello, Manuel Mata defendió en su día que Jaime Febrer tenía derecho a una asistencia letrada. Defendió también que tanto ética como estéticamente era justificable su rol de abogado defensor, algo que el Partido Popular nunca llegó a ver del todo claro.

No obstante, Mata continúa también en su convicción de defender a las víctimas de negligencias médicas frente a empresas y aseguradoras. El 11 de febrero de 2021, OK DIARIO se hizo eco de que Mata había publicado en sus redes sociales un mensaje en que advertía a los hosteleros que tuvieron que cerrar por las medidas anti covid que podían solicitar indemnización. Mata había tenido conocimiento, y así los expresaba en sus redes, de una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona que había condenado a una aseguradora a indemnizar con 6.000 euros a un local de hostelería que tuvo que cerrar por esas medidas. Efectivamente, tal como dijo Oltra, «Mata es Mata».